lunes, 7 de febrero de 2011

María Pazos Morán: Lagunas en la reforma de las pensiones

Tras el acuerdo alcanzado sobre las pensiones, el aumento a los 67 años de la edad legal de jubilación ha quedado matizado, excluyendo de ese requisito a quienes acrediten 38,5 años cotizados a los 65 años de edad. Efectivamente, para esos "trabajadores de toda la vida" (un 71% de los hombres y un 23% de las mujeres que se jubilan actualmente), la rebaja de las pensiones podría no ser sustancial en el supuesto (nada probable) de que la estabilidad en el empleo de ese grupo se mantuviera en el futuro. Pero lo que es seguro es que la reforma será desastrosa para las personas con lagunas de cotización importantes, concretamente mujeres en su mayoría.
Hay que reconocer, sin embargo, que el objetivo de la reforma es "incentivar el trabajo regular y luchar contra la economía sumergida" es difícilmente rebatible. Además, teniendo en cuenta que queda poco margen para aumentar la tasa de actividad de los hombres y de las mujeres no casadas, parecería lógico actuar sobre el gran potencial de empleo regular que constituyen las mujeres casadas. Incentivar la contribución ininterrumpida durante toda la vida, también de todas las mujeres, sería beneficioso para ellas, para la sostenibilidad del sistema de pensiones y para la sociedad en su conjunto.
Así que la mayor penalización de las lagunas de cotización que establece la reforma sería razonable si, a la vez, se eliminasen las causas de esas lagunas que luego se penalizan. Desgraciadamente, ese no es el enfoque. Por un lado, no se crean servicios públicos; ni se equiparan los permisos de paternidad con los de maternidad; ni se rebaja la jornada laboral a tiempo completo. Por otro, el último informe de la Comisión del Pacto de Toledo propone que se estudien medidas para que las amas de casa puedan cotizar para la pensión de jubilación. Pero no cabe duda de que estas medidas incentivarían la permanencia de muchas mujeres en el hogar y/o en la economía sumergida, lo que va en contra del objetivo declarado del Pacto de Toledo. Además ¿quién podría permitirse cotizar por un ama de casa igual que si tuviera empleo? ¿Y qué sistema podría asegurar a las personas sin empleo regular las mismas pensiones que a las que lo tienen? Todo hace suponer que las pensiones de las amas de casa serían menores, lo que es injusto.
¿No sería más sencillo que todas las personas tuvieran sus empleos y sus pensiones por derecho propio, y que se repartiera equitativamente el trabajo doméstico y de cuidados? Quizá digan que eso no es posible porque las mujeres eligen ser amas de casa, pero nadie se cree ya que las jóvenes optan masivamente por esa vocación. El problema es que, cuando se deciden a tener hijos, se encuentran sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que las penalizan y, además, con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos.
Ahí está la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF, una ayudita si ella se queda en casa (o en la economía sumergida) que se une a los permisos de maternidad cada vez más largos (y mucho más largos que los de paternidad), a los cuales suceden excedencias con reconocimiento de cotizaciones (aunque, nótese: ¡solamente durante un periodo y nunca para el desempleo!).
Ayuditas y promesas: el régimen matrimonial de gananciales ya les promete que todo será de los dos al 50%. Además, ella no debe preocuparse, porque con las cotizaciones de él tendrán una pensión de jubilación y, si pasara lo peor, ella quedaría con la de viudedad.
Como parece que todo esto no está siendo suficiente, ahora se les promete una pensión de jubilación (que la Comisión del Pacto de Toledo llama "propia") por sus trabajos de ama de casa. ¡Qué fácil es engañar a una joven madre que de todas formas no tiene otra alternativa! Porque del dicho al hecho va mucho trecho: nadie le advierte que la pensión de viudedad es menor que la de jubilación y se pierde en caso de divorcio; que la liquidación de gananciales suele ser un infierno; que los periodos reconocidos, aunque fueran mucho más generosos que los nueve meses por hijo/a por ahora anunciados, a lo más les dará para llegar a la pensión mínima, porque las bases de cotización serán bajas y porque por ese camino no alcanzará los 37 años necesarios para tener pensión completa ni siquiera a los 67 años.
Reintegrarse a un empleo de calidad a partir de los 40 años después de un periodo largo de ausencia es casi imposible; y hoy en día queda mucho por vivir después de los 40 años, con maridos e hijos/as o sin ellos/as. Las mujeres, además de no haber sido educadas para pensar en ellas mismas, y menos a largo plazo, se ven abocadas a descubrir, en su propia carne, todos estos efectos previsibles. ¡Curiosa inhibición del Sector Público en su tarea informativa/formativa! O mejor dicho, ¡bonita forma de tirar la piedra y esconder la mano!
Si los incentivos "diferenciales" siguen prosperando, es posible que el Gobierno se quite de encima a unas cuantas demandantes de empleo de esas que empañan las estadísticas. Ellas tendrán que conformarse con esos derechos/compensaciones otorgados en función del trabajo doméstico y de cuidados que, como destaca Diane Sainsbury, 1) siempre son inferiores a los adquiridos por la permanencia en el empleo y 2) nunca son suficientes para asegurarse una renta que permita vivir independientemente.
Por otro lado, la sociedad se verá perjudicada, pues la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico es ineficiente e insostenible: los países que continúan por esa vía, como Alemania, Japón, España o Italia, registran las menores tasas de fecundidad del mundo.
Entonces, ¿a quién le interesa el mantenimiento de la familia tipo "sustentador masculino/esposa dependiente"? Muy sencillo: a un sistema político-económico en el que, como afirma Vicente Navarro, el poder de clase se alía con el poder de género.
El confinamiento de las mujeres en el hogar proporciona a las empresas hombres totalmente disponibles y, como únicos sustentadores, absolutamente sumisos. ¿Qué más les da si se desperdicia la mitad del capital humano del país? ¿Qué les importa que los servicios públicos sean una inversión rentable, si no se apunta a su cuenta de resultados empresariales? El capitalismo salvaje no entiende de razones sociales. Por ello, hace ya casi un siglo la comunidad internacional se unió en torno a la idea del Estado de bienestar, precisamente para poner coto a este fenómeno depredador que ahora vuelve a campar por sus respetos.
Hay que reconocer también que el sistema tiene su base social, aunque sea por omisión. La inhibición respecto a estos temas parece sugerir que muchos sectores están sucumbiendo ante los cantos de sirena de este poder patriarcal y económico que parece otorgar a los hombres la descarga sobre la parte débil. Algunos se sentirán privilegiados, pero se equivocan, porque ese camino solo conduce a la barbarie. Y al paso que vamos, cuando vengan a por ellos ya no quedará nadie para protestar.

Artículo de María Pazos Morán publicado el 6 de febrero de 2011 en El País.

Escritora.