miércoles, 29 de julio de 2009

¿A quién deberíamos imputar?

En los últimos días dos sucesos de carácter parecido han venido a sacudirnos la modorra estival. En ambos casos, una niña de trece años ha sido violada por un grupo de menores, conocidos de ella. Algunos de esos menores no llegan a los catorce años, de modo que no pueden ser imputados penalmente; lo que no significa que la legislación no prevea algún tipo de reeducación de su conducta.

El debate generado a partir de estos hechos ha girado en torno a conceptos como “banalización de la sexualidad”, “trivialización de la violencia”, “permisividad social”, “educación en la autosatisfacción y la no-responsabilidad” o “influencia de las pandillas a determinadas edades”. Conceptos que, por descontado, son pertinentes y razonables en este contexto y que, sin embargo, dejan la impresión de que tal vez el más importante de ellos no ha sido abordado. Me refiero a la violencia de género. Porque el delito cometido por esos chicos es exactamente un delito de violencia contra las mujeres, en esta ocasión, niñas impúberes.

La violencia de género tiene su origen en la idea de que las mujeres deben subordinarse a la autoridad del varón, considerado secularmente como ser superior. Y aunque pueda parecer que hemos dejado atrás esa manera de ver las relaciones entre ambos sexos, lo cierto es que las mentalidades siguen impregnadas por ese pensamiento. Ese tufillo de desigualdad, por llamarlo de algún modo, lo sobrevuela todo: la literatura (la que escriben las mujeres se considera de poca monta), la política (las mujeres son evaluadas por su físico y duran menos en sus cargos que ellos), el deporte (¿ustedes ven que se les conceda el mismo espacio televisivo a ellas que a ellos?), la ciencia (más doctoras que doctores pero menos catedráticas y menos rectoras de universidad),... Y el tufillo, inevitablemente, llega hasta las narices de nuestros niños y niñas.

Ellos (algunos) se creen con derecho a abusar de la confianza de sus amigas o novias y a “usarlas” sexualmente. En España, una de cada cuatro niñas antes de los diecisiete años sufrirá abusos sexuales; de esas niñas, el ochenta y cinco por ciento serán violentadas por alguien de su círculo más próximo; y, además, una de cada cinco violaciones será cometida por menores y no precisamente en grupo sino en solitario. Ellas muy a menudo no se atreven a revelar que han sido violadas porque se sienten culpables. Culpables por no haber sido capaces de repeler la agresión. Ambos comportamientos, el de ellos y el de ellas, en la más pura lógica patriarcal.

Ahora, al hilo del debate, muchas voces, especialmente desde la derecha, reclaman que puedan ser imputados los menores de catorce años. Y a mí, no me parece razonable que se pueda pedir responsabilidades a unos críos, más cuando hemos dejado pasar ocasiones de inculpar a adultos que loaban la violación.

Por poner un ejemplo nacional, Paco Umbral, en una de sus columnas en El Mundo, explicó que “a uno la violación le parece el estado natural/sexual del hombre. (....) La hembra violada parece que tiene otro sabor, como de liebre de monte”. El escritor, claro, podía expresar la opinión que le viniera en gana, que para eso vivimos en un país con libertad de expresión. Lo grave es que esa misma derecha que ahora quiere meter en la cárcel a los violadores de doce años, le concediera a Umbral el premio Cervantes en el 2000.

Y un ejemplo internacional: tal vez recuerden a Putin, que en 2006, después de una rueda de prensa y creyendo que los micrófonos estaban desconectados, soltó en referencia al presidente israelí, acusado de violación: “¡Vaya machote! ¡Violar a una docena de mujeres! (...) Todos le tenemos envidia”. Lo terrible fue que esa misma sociedad que se escandaliza con los menores violadores no movió un dedo para que Putin dejara de estar presente en la escena internacional.

¿Siguen creyendo que ese pestazo de la desigualdad no afecta a nuestros niños? Entonces, reclamen la cárcel para ellos. Si no, pregúntense a quién deberíamos imputar o qué deberíamos cambiar.


Artículo publicado el 27 de julio de 2009 en El País.


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