Durante la dictadura franquista, si se producía una separación matrimonial, hijos e hijas quedaban a cargo del varón, considerado más cabal que la mujer. En los primeros años de la democracia, con leyes nuevas y jueces antiguos, la custodia se otorgaba al varón, si la pedía. Más avanzada la democracia, la custodia pasó a darse a las mujeres, que eran quienes tenían el rol de cuidadoras. De modo que hasta hace poco, si una pareja joven con descendencia pedía el divorcio, la custodia se le concedía a ella y, de paso, el uso del domicilio familiar. Pero esta decisión supone un perjuicio económico para el hombre, obligado buscar un nuevo piso y a seguir pagando la hipoteca del antiguo. No parece muy justo, desde luego.
Actualmente y según una noticia aparecida hace unos quince días, la situación está cambiando, ya que las resoluciones judiciales empiezan a limitar la utilización del domicilio familiar. Así, imaginando a esa misma pareja de antes, podría ocurrir –igual que en la noticia de referencia- que la jueza, considerando que “muchas mujeres tienen la misma independencia económica que el hombre”, le atribuyera a ella “el uso del piso durante 4 años, tiempo que se estima suficiente para que ella vuelva a trabajar a jornada completa”.
A simple vista, parece un acuerdo más ecuánime, aunque si examinamos de cerca esa supuesta igualdad entre mujeres y hombres jóvenes, nos topamos con datos alarmantes.
En 2007, el salario bruto medio de los hombres en España fue un 37% superior al de las mujeres. Esta diferencia no contempla variables como categorías profesionales o jornadas reducidas, así que, de tenerse en cuenta, la discrepancia se reduciría, pero no se anularía. Es decir, las mujeres disponen de menos recursos económicos que los hombres, lo que viene a contradecir a la jueza. En cambio, se corresponde con los datos de un estudio de 2009 realizado por la Universidad Rovira i Virgili, según el cual la mujer tiene mayor riesgo de pobreza que el hombre con el que convive. Por lo visto, esto no se percibía mientras se tuvieron en cuenta los ingresos de la pareja como criterio para determinar el riesgo de que un hogar traspasara el umbral de la pobreza; sólo se puso de manifiesto al analizar por separado los de él y los de ella.
Ateniéndonos a alguna de las variables citadas antes y según datos de 2006, el 4,4% de los hombres ocupados tienen contrato a tiempo parcial, frente al 23,3% de las mujeres, porcentaje que sube hasta el 33% en el caso de las jóvenes. En cuanto a las cifras de paro del mismo año, una de cada cuatro mujeres entre los 25 y los 35 años que quiere trabajar no encuentra ocupación.
La situación, pues, no es igual para ellas y para ellos en el terreno contractual y salarial, y todavía empeora cuando, además de ser mujeres, son madres.
Las desigualdades que implica la maternidad son consecuencia de los estereotipos de género y de los roles asignados secularmente a cada sexo. Un ejemplo palmario es lo que me cuenta la secretaria de un colegio, encargada de avisar a la familia si un alumno enferma. Dice que siempre llama a la madre y que, si alguna vez contacta con el padre, éste la remite a la esposa. Según la secretaria, ello responde a una especie de pacto familiar.
Y yo dudo que ese “los niños y la casa te tocan a ti” responda a una negociación, cuando, según un informe de 2005, el 46% de los españoles considera que la mujer debe dejar su empleo al tener un hijo. El 55% de las madres que trabajan fuera reconocen que las dificultades para hacer frente a ambas responsabilidades son enormes; tanto que el 30% de ellas acaban por dejar el empleo para cuidar a la prole. Y, pese a ello, el 65 % de las amas de casa desearían trabajar fuera de su hogar.
De modo, mujeres jóvenes, que, si el juez va a considerar que os corresponde sólo el 50% del piso -lo cual es justo-, vosotras tenéis que reclamar el 50% de la colaboración de vuestra pareja en el cuidado de la casa y de los hijos desde el primer día de convivencia. Lo cual también es justo.
Artículo publicado en
El País el 16 de Noviembre de 2009.
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